Han pasado ya dos semanas desde que se produjo el mayor apagón eléctrico de la historia reciente del Estado español. En el momento de producirse saltaron a la palestra multitud de expertos salidos de la nada que, en lugar de ofrecer datos fehacientes sobre lo sucedido, extendieron un enmarañado velo de verdades a medias trufadas de inexactitudes, especulaciones y acusaciones que tuvieron como objetivo ocultar la raíz del problema.
Oficialmente, el operador estatal Red Eléctrica Española informó que el 28 de abril hacia las doce y media de la tarde se produjo una caída brutal en la producción de electricidad, que estuvo precedida de unas oscilaciones de la tensión. Es difícil calibrar en su justa medida éstas y otras informaciones sin perderse en la jerga técnica, sin embargo, sí que hay un factor que ha coadyuvado por necesidad en el apagón, si bien se pretende pasar por encima del mismo como si no existiera: el que la generación energética, el transporte y la distribución se encuentran en más de un 95% en manos privadas, que en gran parte son las mismas que lideran la Transición Energética sostenible.
Un factor que tiene una relación intrínseca con el anterior es que la propia Red Eléctrica Española lleva alertando de deficiencias en el sistema, en particular la necesidad de una mayor inversión. El ejemplo de las Islas Canarias es buena muestra: algunas de estas islas han sufrido hasta seis apagones desde 2018 -el último este 8 de mayo- y el archipiélago en su conjunto se encuentra en situación de emergencia energética desde 2023 porque la infraestructura eléctrica está anticuada. Y ello ha ocurrido mientras los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han aumentado vertiginosamente los presupuestos militares.
Por ello resulta asombroso que pocos se planteen la necesidad de analizar cómo está estructurado el sector energético y a quiénes beneficia esta estructuración. Porque si de apagones se trata, hay que recordar que los capitalistas han argumentado desde siempre que el Estado tenía el monopolio del sector y que debido a ello el sistema era ineficiente y los apagones normales.
El Gobierno de España ha creado dos comisiones de investigación pensadas para abordar cuestiones técnicas. Sin embargo, las organizaciones políticas que lo sostienen, Sumar -que forma parte de la coalición gobernante-, Podemos, ERC, Bildu y BNG han ido más allá, emplazando el día 7 de mayo pasado a Sánchez a hacerse con el 100% de Red Eléctrica Española. Por tanto, por mucho que se intente desviar la atención, la cruda realidad lleva una y otra vez al sistema tal y como está edificado, aunque sin sacar todas las conclusiones.
El sector eléctrico español es uno de los más privatizados de Europa. La cadena de desinversiones y privatizaciones del mismo comenzó en la década de los 80 gobernando el PSOE, pero el mayor impulso tuvo lugar en los 90, ya con el PP en el gobierno. Siempre siguiendo las directrices que ha marcado la Comunidad Económica Europea, en primer lugar, y su sucesora, la Unión Europea. Así es como se ha construido el gigantesco oligopolio de los capitalistas del sector, verdadero chupasangre del cuerpo social, trabajadores y trabajadoras y demás capas de explotados.
Por ello, la exigencia de control público de Red Eléctrica Española debe formar parte de la renacionalización completa y sin indemnización bajo control obrero del conjunto del sector energético.
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