El 31 de marzo pasado 5 trabajadores perdieron la vida en la mina de Cerredo, Asturias, en uno
de los accidentes mineros más graves de los últimos 30 años. Sin embargo, éste, no ha sido un
accidente más. Se ha dado en un contexto donde la lógica de la destrucción del sector minero ha
hecho aflorar sus previsibles consecuencias.
Hasta 2018 la mina pertenecía a Combustibles Asturiana y Leonesa, que formaba parte de un
Conglomerado de empresas pertenecientes a la misma familia de propietarios. Tras el supuesto
cese a la actividad extractiva de acuerdo al plan europeo de liquidación del sector, las labores de
limpieza y análisis geológicos, únicas permitidas, fueron adjudicadas a Blue Solving S.L. cuyo
dueño forma parte del mismo clan.
En 2022 la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias realizó
una inspección en la mina qué casualidad, tras el accidente que también costó la vida a un
Conductor de camiones! en la que encontraron indicios de actividad extractiva. ¿Por que?..
Porque al capitalista de turno poco le importan las vidas de trabajadores y trabajadoras si puede
saltarse la legalidad con tal de sacar antracita de alta calidad.
Belarmina Diaz, que ya ha dimitido hace unos dias como Consejera de Transición Ecológica,
Industria y Comercio, era Directora General de Energia y Minería desde 2017 y desde 2019
también responsatble de reactivación, ostentando estos cargos cuando se traspasó el negocio -de
madre a hijo, củando a la empresa de éste último se le adjudicó elproyecto de investigación»
y cuando se produjo el primer accidente.
Además de la dimisión de la exconsejera, el gobierno regional, que parece que se personará
como acusaión particular en el caso, ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de
la Inspeción General de Servicios, y ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera
para investigar el accidente. El Parlamento asturiano, por su parte, va a crear una comisión de
investigación del caso. ¿Pero será suficiente? evitará que esto se repita?; Servirá para
destapar hechos similares?.
Estamos con los familiares que exigen el esclarecimiento de la verdad responsabilidades penales y politicas caiga quien caiga.
Pero tampoco podemos dejar de señalar que la destrucción
de empresas publicas como HUNOSA, genera saqueo, corrupción, trabajo sin derechos,
accidentes y muerte que solo benefician a los capitalistas, y a quienes están a su servicio. Si los
controles no han sido eficaces para evitar la catástrofe del 31 de marzo, ello se debe a que el
problema va más allá de medidas administrativas. Es de fondo.
Por ello no hay más salida que la renacionalización y/o nacionalización sin indemnización de
todas las minas con control obrero, y por extensión de todo el sector energético de la totalidad
del Estado español, para que responda a las necesidades de la mayoría social.
Ello nos lleva a la pregunta del tipo de gobierno que puede responder a esta exigenia, y no hay
recetas mágicas. Un gobierno obrero sería capaz.
Un gobierno de los y las trabajadores que
ejecute el mandato por el que ha sido elegido.
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