INTERNACIONALISTAS 15
QUINCENAL DE LOS/AS PARTIDARIOS/AS POR UN PARTIDO OBRERO EN EL ESTADO ESPAÑOL
LA ÚLTIMA TRAGEDIA EN LA MINERÍA ASTURIANA
El 31 de marzo pasado 5 trabajadores perdieron la vida en la mina de Cerredo, Asturias, en uno de los accidentes mineros más graves de los últimos 30 años. Sin embargo, éste, no ha sido un accidente más. Se ha dado en un contexto donde la lógica de la destrucción del sector minero ha hecho aflorar sus previsibles consecuencias.
Hasta 2018 la mina pertenecía a Combustibles Asturiana y Leonesa, que formaba parte de un conglomerado de empresas pertenecientes a la misma familia de propietarios. Tras el supuesto cese a la actividad extractiva de acuerdo al plan europeo de liquidación del sector, las labores de limpieza y análisis geológicos, únicas permitidas, fueron adjudicadas a Blue Solving S.L. cuyo dueño forma parte del mismo clan.
En 2022 la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias realizó una inspección en la mina -¡qué casualidad, tras el accidente que también costó la vida a un conductor de camiones!- en la que encontraron indicios de actividad extractiva. ¿Por qué?… Porque al capitalista de turno poco le importan las vidas de trabajadores y trabajadoras si puede saltarse la legalidad con tal de sacar antracita de alta calidad.
Belarmina Díaz, que ya ha dimitido hace unos días como Consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, era Directora General de Energía y Minería desde 2017 y desde 2019 también responsable de reactivación, ostentando estos cargos cuando se traspasó el negocio -de madre a hijo-, cuando a la empresa de éste último se le adjudicó el „proyecto de investigación“ y cuando se produjo el primer accidente.
Además de la dimisión de la exconsejera, el gobierno regional, que parece que se personará como acusación particular en el caso, ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de la Inspección General de Servicios, y ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera para investigar el accidente. El Parlamento asturiano, por su parte, va a crear una comisión de investigación del caso. ¿Pero será suficiente?; ¿evitará que esto se repita?; ¿Servirá para destapar hechos similares?.
Estamos con los familiares que exigen el esclarecimiento de la verdad y responsabilidades penales y políticas caiga quien caiga. Pero tampoco podemos dejar de señalar que la destrucción de empresas públicas como HUNOSA, genera saqueo, corrupción, trabajo sin derechos, accidentes y muerte que solo benefician a los capitalistas, y a quienes están a su servicio. Si los controles no han sido eficaces para evitar la catástrofe del 31 de marzo, ello se debe a que el problema va más allá de medidas administrativas. Es de fondo.
Por ello no hay más salida que la renacionalización y/o nacionalización sin indemnización de todas las minas con control obrero, y por extensión de todo el sector energético de la totalidad del Estado español, para que responda a las necesidades de la mayoría social.
Ello nos lleva a la pregunta del tipo de gobierno que puede responder a esta exigencia, y no hay recetas mágicas. Un gobierno obrero sería capaz. Un gobierno de los y las trabajadores que ejecute el mandato por el que ha sido elegido.
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1ª QUINCENA MAYO 2025
INTERNACIONALISTAS 15
QUINCENAL DE LOS/AS PARTIDARIOS/AS POR UN PARTIDO OBRERO EN EL ESTADO ESPAÑOL
LOS APAGONES DE CANARIAS Y EL GRAN APAGÓN
Han pasado ya dos semanas desde que se produjo el mayor apagón eléctrico de la historia reciente del Estado español. En el momento de producirse saltaron a la palestra multitud de expertos salidos de la nada que, en lugar de ofrecer datos fehacientes sobre lo sucedido, extendieron un enmarañado velo de verdades a medias trufadas de inexactitudes, especulaciones y acusaciones que tuvieron como objetivo ocultar la raíz del problema.
Oficialmente, el operador estatal Red Eléctrica Española informó que el 28 de abril hacia las doce y media de la tarde se produjo una caída brutal en la producción de electricidad, que estuvo precedida de unas oscilaciones de la tensión. Es difícil calibrar en su justa medida éstas y otras informaciones sin perderse en la jerga técnica, sin embargo, sí que hay un factor que ha coadyuvado por necesidad en el apagón, si bien se pretende pasar por encima del mismo como si no existiera: el que la generación energética, el transporte y la distribución se encuentran en más de un 95% en manos privadas, que en gran parte son las mismas que lideran la Transición Energética sostenible.
Un factor que tiene una relación intrínseca con el anterior es que la propia Red Eléctrica Española lleva alertando de deficiencias en el sistema, en particular la necesidad de una mayor inversión. El ejemplo de las Islas Canarias es buena muestra: algunas de estas islas han sufrido hasta seis apagones desde 2018 -el último este 8 de mayo- y el archipiélago en su conjunto se encuentra en situación de emergencia energética desde 2023 porque la infraestructura eléctrica está anticuada. Y ello ha ocurrido mientras los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez han aumentado vertiginosamente los presupuestos militares.
Por ello resulta asombroso que pocos se planteen la necesidad de analizar cómo está estructurado el sector energético y a quiénes beneficia esta estructuración. Porque si de apagones se trata, hay que recordar que los capitalistas han argumentado desde siempre que el Estado tenía el monopolio del sector y que debido a ello el sistema era ineficiente y los apagones normales.
El Gobierno de España ha creado dos comisiones de investigación pensadas para abordar cuestiones técnicas. Sin embargo, las organizaciones políticas que lo sostienen, Sumar -que forma parte de la coalición gobernante-, Podemos, ERC, Bildu y BNG han ido más allá, emplazando el día 7 de mayo pasado a Sánchez a hacerse con el 100% de Red Eléctrica Española. Por tanto, por mucho que se intente desviar la atención, la cruda realidad lleva una y otra vez al sistema tal y como está edificado, aunque sin sacar todas las conclusiones.
El sector eléctrico español es uno de los más privatizados de Europa. La cadena de desinversiones y privatizaciones del mismo comenzó en la década de los 80 gobernando el PSOE, pero el mayor impulso tuvo lugar en los 90, ya con el PP en el gobierno. Siempre siguiendo las directrices que ha marcado la Comunidad Económica Europea, en primer lugar, y su sucesora, la Unión Europea. Así es como se ha construido el gigantesco oligopolio de los capitalistas del sector, verdadero chupasangre del cuerpo social, trabajadores y trabajadoras y demás capas de explotados.
Por ello, la exigencia de control público de Red Eléctrica Española debe formar parte de la renacionalización completa y sin indemnización bajo control obrero del conjunto del sector energético.
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2ª QUINCENA MAYO 2025
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QUINCENAL DE LOS/AS PARTIDARIOS/AS POR UN PARTIDO OBRERO EN EL ESTADO ESPAÑOL
NUEVAS CONVOCATORIAS DE HUELGA EN CORREOS
La empresa estatal Correos no es ajena al deterioro generalizado de los organismos e instituciones públicas provocado por los sucesivos gobiernos del Régimen de la monarquía. Es más, el servicio postal español es un sector estratégico sistemáticamente perjudicado por las maniobras privatizadoras de dichos gobiernos, que lo han conducido a una situación límite que pone el peligro la propia viabilidad del mismo.
Este callejón sin salida construido desde las instituciones antidemocráticas de la UE y aplicado por los gobiernos del PP y del PSOE han restado recursos indispensables para el funcionamiento óptimo del servicio postal público. El conjunto de la población del Estado, al igual que ocurre con otros sectores estratégicos como la sanidad o la educación, sufre las consecuencias de esos recortes: retrasos y pérdidas de envíos, demora en la tramitación de sus solicitudes, abusivos tiempos de espera en oficinas, etc. Todo ello amortiguado y atenuado por la meritoria labor de los y las trabajadoras de Correos, que son los y las responsables directas que impiden que el servicio acabe definitivamente en un caos irresoluble.
Son precisamente las/os trabajadoras/es las/os que sufren directamente las medidas desreguladoras y pérdida de derechos que la empresa aplica al dictado de la política liberal capitalista. Porque son muchos años, décadas, de ataques a las condiciones laborales, resumidas en la poca o nula contratación para cubrir bajas y vacantes, herramientas de trabajo y vehículos en un estado calamitoso, jornadas laborales abusivas en turnos irracionales y salarios prácticamente congelados.
Es muy complicado ejercer una labor de servicio público bajo estas condiciones, que abocan a la plantilla a una progresiva carga de trabajo inasumible con el exponencial aumento de accidentes y bajas médicas.
La noticia de la negociación de Correos con los principales sindicatos de un nuevo Convenio que va empeorar los derechos y condiciones de las/os trabajadoras/es en la línea de convertir el servicio en una réplica barata de las empresas paqueteras privadas, tanto en jornadas laborales como en salarios, ha provocado la reacción de la plantilla, que se dispone a secundar un calendario de movilizaciones para revertir esta compleja situación. La huelga es el medio de lucha que los y las trabajadoras de Correos van a utilizar frente a la extorsión de la empresa y la pasividad y/o complicidad de las centrales sindicales mayoritarias.
Acabar con la espiral de retrocesos que tiene por finalidad liquidar Correos, poniendo en valor que todas las prestaciones de los servicios de telecomunicaciones en el Estado español tienen un carácter estratégico, conlleva su reincorporación a la Administración General del Estado, como reivindicación elemental.
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1ª QUINCENA JUNIO 2025